En la definición de los indicadores de administración electrónica que se realizó por el Grupo de Trabajo sobre eAdministración de la Comisión Europea, aprobada por el Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo el 12 de marzo de 2001, ya se declaraba la intención de extender el sistema, evolucionando desde la simple medida de la prestación de los servicios públicos por los nuevos canales electrónicos, hacia la comprensión de los nuevos interrogantes: por qué se usan los servicios electrónicos, quién los usa y cómo se usan.

Es decir, hace tanto como siete años, ya se planteaba la necesidad de complementar las medidas sobre los avances en la disponibilidad de servicios públicos, o indicadores de oferta, con mediciones sobre el impacto de los progresos logrados, expresado éste en términos económicos, sociales y democráticos, con indicadores de uso efectivo de los servicios y con evaluaciones sobre los diferentes modos y formas de prestación de los servicios de eAdministración.

Desde aquella fecha se ha avanzado en desarrollo teórico de los modelos explicativos de la eAdministración en términos de impactos internos, externos y sistémicos, permitiendo enlazarlos con las consiguientes mejoras en los resultados de las administraciones públicas en eficacia, eficiencia, transparencia y conectividad social. El poco avance en la materialización práctica de estos modelos, es decir, por qué las administraciones públicas no están construyendo los marcos de medida necesarios para medir el progreso de sus políticas de eAdministración, se debe quizá a las limitaciones y dificultades teóricas y prácticas de los modelos actualmente existentes.

Una dificultad esencial con la que tropieza la implantación de estos modelos es que en general no suele haber buenas definiciones de los objetivos de los programas de eAdministración. En un compendio-resumen publicado por un reciente proyecto de la Comisión Europea, las estrategias de eAdministración que dicho estudio recopilaba se asemejaban a un tremendo cajón de sastre, en las que todo tiene cabida, desde la solución de la brecha digital a la simplificación administrativa, pasando por la cooperación interadministrativa y la e-participación. Extrañas estrategias las que intentan cubrir todos los frentes de actuación posibles.

En nuestra opinión, la primera y más importante condición que debe cumplir un marco de medida es que los indicadores utilizados sean relevantes a los resultados finales buscados, es decir, que midan claramente el incremento de valor de los objetivos perseguidos, Y con las limitaciones apuntadas en el párrafo anterior, la construcción práctica de un sistema de indicadores realmente útil es dificultosa.

Otras condiciones, igualmente deseables, y que raramente son cumplidas por los sistemas de indicadores existentes, es el permitir medir el rendimiento organizativo en términos de objetivos alcanzados (valor retrospectivo), e igualmente poder ayudar a los directivos-políticos en el proceso de decisión estratégica (valor prospectivo).

Nos gustaría pensar que los responsables de las políticas de administración electrónica intentan escapar del determinismo tecnológico que supone analizar simplemente cuantos usuarios se conectan o que porcentaje de servicios públicos están disponibles. Una visión ésta, que se preocupa principalmente del aspecto mediático de los indicadores, en términos de calendarios y rankings y comparativas con otras administraciones.

Nuestro ideal de administración electrónica pasa por que se considere a los indicadores un elemento esencial de la comprensión amplia de la eAdministración en su parte más cercana a la realidad: para qué se usa la red, qué impacto tiene en la vida de las personas, cómo mejora la competitividad de las empresas. Y para alcanzar nuestro ideal, todavía queda un gran camino por recorrer

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